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5
jun 12

Anteproyecto de ley para la regulación y control de la prestación de servicios funerarios y cementerios

Venezuela: LEY PARA LA REGULACION Y CONTROL DE LA PRESTACION DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS

Venezuela : El Estado,  como garante de los derechos fundamentales inherentes a la existencia humana, establece de manera ineludible la organización jurídico político que define a la República como un Estado democrático y social, de derecho y justicia que orienta a la creación de las condiciones necesarias para el desarrollo social y espiritual como fin último para alcanzar el bienestar de todos los venezolanos, solo es posible con la igualdad de oportunidades para el desarrollo de la sociedad; en especial aquellos indispensables en todo los aspectos de la vida, como son los servicios funerarios y de cementerio, considerados de suma importancia para el mantenimiento de la salubridad y la salud pública, circunstancia que los hacen necesarios en la sociedad, es por ello que debe ser garantizado en igualdad de condiciones, sin permitir la especulación, la usura ni la explotación.

A tal efecto, esta Ley desarrolla un régimen de servicios funerarios y de cementerios que incorpora importantes responsabilidades y garantías, cuya finalidad principal es procurar la atención y satisfacción de las necesidades que origina la prestación de estos servicios.

En la actualidad, las personas y empresas inescrupulosas han convertido esta actividad  en una oportunidad de hacer negocios a niveles especulativos que en ocasiones ni  cumplen con lo ofertado o con los requisitos mínimos exigidos por ley;  cobrando precios elevados e injustificados, sin estar bajo ninguna regulación. La  generalización de estas prácticas por parte de personas y empresas que están al  margen de la ley, que producen niveles de inflación exacerbados y terminan  disminuyendo no solo el poder adquisitivo de los usuarios, sino a las empresas  constituidas que además de cumplir con las leyes, funcionan correctamente.

A estas limitaciones se une la poca o casi inexistencia normativa que regulan estas  actividades, tomando en consideración que las leyes sobre esta materia datan de más  de 60 años, como es el caso del Reglamento de Cementerios Inhumaciones y  Exhumaciones de 1946, que establece la creación, condiciones mínimas requerida y  mantenimiento de los mismos; que derogó el Reglamento Sanitario de Cementerios,  Inhumaciones, Exhumaciones y Embalsamamientos del año 1926, posterior a esta  norma apareció la Resolución ministerial del antiguo Ministerio de Fomento del año  1984, que instituyó los precios de los servicios funerarios y de inhumación para esa  época, luego se promulgaron las normas COVENIN Nº 2078-84 y 477-84, derogadas  por las normas COVENIN posteriores Nº 2078-89 y la Nº 477-89 del año 1989, aún  vigentes, qu establecieron el funcionamiento de las funerarias; luego surgen las leyes  que regulan a los municipios, permitiéndoles legislar sobre esta materia; en la  actualidad, solo existen Ordenanzas referidas al servicio de cementerios. Estas normas  aplicadas a los cementerios municipales, son usadas subsidiariamente para regular los  que funcionan bajo un régimen de administración privada. Lo cual evidencia que no existe una normativa nacional ajustada a la sociedad actual, orientada a erradicar los esquemas de la vieja política.

En el país coexiste una diversidad de disposiciones legales que solo regulan los de Cementerios de manera aislada y sin la articulación de competencia debida, lo que ha originado que la función rectora y responsable del Estado en su adecuada prestación, haya sido prácticamente nula. Por esta razón nace la necesidad  primordial de crear la “Ley Para la Regulación y Control de la Prestación de Servicios Funerarios y de Cementerios” como base esencial para establecer la regulación y correcto funcionamiento de estos servicios.

Esta característica hace necesario el establecimiento de un marco legal general que permita garantizar los derechos de los usuarios y de los prestadores de servicios funerarios, debiéndose tomar en cuenta una serie de circunstancias y hechos  estrechamente vinculados o relacionados con la materia, basados en los principios constitucionales y legales establecidos inherentes a este ramo, donde se declara a este servicio público, de interés social, dentro de los servicios de primera necesidad.

La Comisión Permanente de Administración y Servicios ha venido recibiendo denuncias relacionadas con los servicios funerarios y de cementerio, por lo cual se vio en la necesidad de iniciar una investigación a fondo y detallada, lo que permitió verificar y constatar la realidad de los hechos denunciados, además de la variedad de calidad y precios ofrecidos por los prestadores de estos servicios. Es por ello que esta Comisión

Permanente consideró en su seno, legislar sobre los servicios vinculados con las funerarias, inhumaciones, cremaciones y exhumaciones, que permita la regulación, control y vigilancia, adecuadas a las necesidades económicas de los usuarios.

Al respecto, se le dio participación a las organizaciones del poder popular, asociaciones y empresas ligadas a este ramo; de igual modo se contó con la intervención de los  Entes Gubernamentales vinculados con estos servicios.

A los fines de la creación de esta Ley, se hizo un estudio y análisis de derecho comparado sobre esta materia, en especial, la de los países que cuentan con normas que regulan esta actividad, entre otros: Uruguay, Perú, Colombia, España, Argentina y Canadá; se sometió a estudio y consideración otras propuestas realizadas por distintos sectores nacionales vinculados con este tema.

El articulado desarrollado en la ley contiene las reglas sobre la prestación del servicio funerario y de cementerio, la calidad del servicio, derechos de los usuarios, el  establecimiento de un servicio básico, formular y emitir criterios que permitan la fijación de precios justos, que establezcan reglas claras y criterios uniformes derivados del  estudio de los costos y precios; de igual modo son considerados los aspectos  económicos y culturales del fallecido y sus deudos, para determinar la prestación de los servicios de manera gratuita en los casos donde el fallecido carezca de los recursos  económicos necesarios para costear tales servicios o cuando el fallecido este declarado en estado de extrema pobreza o indigencia; se establece reglas claras en la elaboración  de los contratos de servicio y de previsión.

Los Servicios públicos al ser una actividad prestacional del Estado, destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, amerita que su ejecución y prestación sea planificada de manera orgánica y sistemática por lo cual se crea una instancia superior denominada “Consejo Nacional Integral de Servicios Funerarios y de Cementerios” encargado de la vigilancia, planificación, control y ejecución de este novedoso ordenamiento jurídico con presencia en todo el territorio nacional, donde se garantiza la prestación de los servicios funerarios y de cementerios en igualdad de condiciones.

Los cambios generados en el país exigen un nuevo ordenamiento jurídico, político, social y económico, en respuesta a la necesidad del colectivo, no puede ser otra que  esta nueva ley. En consecuencia es necesario que la Asamblea Nacional legisle en esta materia, de tal manera que las limitaciones existentes desaparezcan.

Con este novedoso ordenamiento jurídico, se establece de manera contundente y explícita la función prestadora y contralora que tiene el Estado como ente rector de las  políticas públicas a las que están directamente sujetas la prestación de los servicios  públicos, sin ninguna clase de discriminaciones, distinciones o privilegios. Todo ello  enmarcado en la atención efectiva y real de la soberanía popular.

La presente ley está conformada por nueve capítulos, 64 artículos, dos (2) transitorias y dos (2) disposiciones finales.

Anteproyecto de ley para la regulación y control de la prestación de servicios funerarios y cementerios

Un Comentario sobre “Anteproyecto de ley para la regulación y control de la prestación de servicios funerarios y cementerios”

  1. EDGARB ZERPA dice:

    en el proyecto de ley, aparentemente aprobado y enviado al ejecutivo, no se prevé la posibilidad de la organización comunal para la prestación del mismo o la creación de fondos o formas solidarias para socorrerse colectivamente. tampoco se destaca la labor de otras organizaciones de propiedad colectiva como las cooperativas, siendo que estas ultimas tiene experiencia en ese sector por mas de 40 años.

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